Hoy miércoles 1º de Febrero entra en vigencia la medida prohibicionista propuesta por el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y aprobada –en cómplice actitud– por la Brigada XIII de Ejército Nacional. El porte de armas legales estará, por tres meses, prohibido en la capital del país.
Quienes, como Gustavo Petro, se oponen al porte y usanza de las armas, definen las mismas como “instrumentos de la muerte”[1]. Populismo puro y empatía por una causa que desconoce la realidad de las armas y, sobretodo, el primario e irrenunciable derecho a la legítima defensa.
Es una de las ventajas de ser político. Mientras que las armas están prohibidas para los ciudadanos, el Alcalde Mayor puede llevar armas para defenderse de eventuales atentados contra su vida. Además –en caso de no querer cargar con un peso adicional en la cintura– cuenta con un presupuesto para que un grupo de escoltas (pago por quienes tendremos prohibido el porte legal) lo protejan a él y su familia.
Gustavo Petro, reconoce, entonces, – haciendo uso de su escolta– el potencial peligro que implica tener que circular por las calles de la ciudad, las mismas por las que transitan a diario los demás bogotanos.
El Alcalde argumenta, a favor de su medida, que una gran cantidad de homicidios en la ciudad, son llevados a cabo con armas de fuego. Pero desconoce que casi la totalidad de los mismos son producto del porte y circulación de armas ilegales. Es decir, de las que la medida hoy vigente no cobija. Petro genera, falazmente, una relación entre el porte de armas legales y la cantidad de homicidios en la capital del país.
Prohibir el porte de armas legales, en un escenario en el cual la fuerza policial no tiene capacidad para proteger efectivamente a los ciudadanos (por sus mismos problemas de gestión y los conflictos de tipo moral que sufre por anteriores actuaciones) y en el cual las armas ilegales continuarán en circulación, es una medida, además de descabellada, homicida.
Si lo que se busca realmente es una auténtica reducción de los crímenes cometidos con arma de fuego, se debe buscar endurecer las leyes penales que castigan este tipo de crímenes y el porte ilícito de dichos artefactos, no la prohibición de los medios para defendernos del hampa.
Para no ir muy lejos, el actual alcalde solo pagó 16 meses de pena privativa de la libertad por porte ilegal de armamento, de “instrumentos de la muerte”. Quizá una pena mayor habría desmotivado al joven y rebelde Francisco Gustavo que en aquella época se proponía imponer sus ideas con las balas; haciendo uso del mismo medio por el cual un delincuente busca hoy arrebatar la propiedad ajena y acumular capital.
Saber que la pena es baja y que no existe la posibilidad de respuesta por parte del agredido solo puede brindar mayor seguridad al eventual agresor para que lleve a cabo su acción delincuencial, no al contrario. Este tipo de incoherencias, que reafirman la incapacidad estatal, es lo que ha llevado a que individualmente empresas y particulares contraten otro tipo de servicios para garantizar su seguridad. Hoy muchos cuentan con alarmas, vigilancia privada, escoltas y en muchos otros casos, o como complemento de lo anterior, con armas que permiten el resguardo de sus vidas.
Otra situación que el Alcalde Mayor pasa por alto es que el uso defensivo de las armas no implica agresión o la ejecución del delincuente. En muchos casos ni siquiera que el arma sea disparada. La simple posibilidad de que la potencial victima porte un arma, o el hecho de dar a conocer que la posee, es un medio de disuasión perfectamente válido y efectivo para la legítima defensa. El agresor tendrá presente –además de las implicaciones legales– el peligro que corre si agrede a una persona armada, con medios para defenderse.
La delincuencia y la violencia misma tienen lugar –como el mismo alcalde lo ha llegado a reconocer– en lugares azotados por la pobreza y/o en lugares donde las políticas de seguridad y fuerzas policiales brillan por su ausencia. La cantidad de armas legales, entonces, nada tiene que ver con el aumento de las fechorías y, por el contrario, las combate.
La verdadera seguridad con respecto a las armas depende de la educación y de la responsabilidad personal, no de la prohibición. La gente honrada debe poder defenderse de los ataques que se puedan generar día a día en contra de su vida y de su propiedad. La respuesta está en fortalecer la defensa y endurecer la penas, no en la prohibición o la creación de más órganos burocráticos y leyes que sólo aumentan la responsabilidad del Estado en una tarea que, como el mismo Alcalde reconoce con su escolta, no es capaz de cumplir apropiadamente.
Felipe Riascos Montoya-.
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